Alcaldesa encargada de Tunja alerta sobre presuntas irregularidades en millonario contrato de obras públicas.
Alcaldesa encargada de Tunja alerta sobre presuntas irregularidades en millonario contrato de obras públicas.
Durante sesión en el Concejo, la alcaldesa encendió las alarmas frente a posibles irregularidades en la ejecución del contrato de infraestructura suscrito por la administración municipal, advirtiendo incluso sobre presuntos hechos de corrupción y posibles conductas delictivas.
Según expuso la mandataria, se trata del contrato No. 1767 de 2025, celebrado con la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matias SAS, por un valor superior a los 15 mil millones de pesos, recursos destinados a la ejecución de obras de infraestructura vial, parques, salones comunales e infraestructura educativa en distintos sectores de la ciudad.
Durante su intervención, la funcionaria manifestó preocupación por el manejo de los recursos públicos, señalando que se habría realizado un giro anticipado de una suma cercana a los 14 mil millones de pesos, lo que, según indicó, genera serios cuestionamientos frente a las garantías que respaldarían esos recursos.
Asimismo, expuso que desde hace varios meses se vienen documentando presuntos incumplimientos contractuales, entre ellos retrasos significativos en la ejecución de obras, frentes que no han iniciado, deterioro en algunas intervenciones ya adelantadas, falta de informes de interventoría y ausencia de respuestas por parte del contratista ante los requerimientos de supervisión.
La alcaldesa encargada aseguró que la preocupación no solo proviene de la administración, sino también de la ciudadanía y de presidentes de Juntas de Acción Comunal, quienes han venido exigiendo explicaciones sobre el estado real de las obras y el destino de los recursos invertidos.
En su declaración ante el cabildo, advirtió que la situación podría ir más allá de simples incumplimientos administrativos y mencionó la existencia de elementos que, según dijo, apuntarían a presuntas conductas delictivas y posibles actos de corrupción, incluso con eventuales implicaciones para funcionarios públicos de alto nivel en el municipio y de órganos de control.
Ante este panorama, anunció que la administración municipal estudia la posibilidad de declarar formalmente el incumplimiento del contrato y adoptar las medidas jurídicas, fiscales y administrativas correspondientes para proteger los recursos públicos y responder a las inquietudes de la comunidad.
