“Algo anda mal en el Organismo Electoral Colombiano”. Por: Rafael Enrique López Camargo – Abogado PHD (c) en Derecho.

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Por: Rafael Enrique López Camargo – Abogado PHD (c) en Derecho.

Colombia está enfrentando en este momento un proceso electoral, en el cual los ciudadanos con total libertad y autonomía, mediante el sufragio universal, se disponen soberanamente para escoger al presidente de la República, en un proceso democrático, participativo e incluyente. La dirección y organización de las elecciones corresponden por mandato constitucional al Registrador Nacional del Estado Civil, elegido por los presidentes de las altas cortes por cuatro (4) años, a su turno, al Consejo Nacional Electoral de oficio o por solicitud, le asiste el deber de revisar los escrutinios, dentro de los cual se encuentran contentivos los documentos electorales, con el objeto de garantizar la verdad de los resultados (art.265 C.P/91).

A lo largo de los últimos años el CNE y la Registraduría han, sido objeto de sendas demandas en los distintos procesos electorales que se vienen presentando, debido a la falta de transparencia en algunos resultados, tal como ocurrió en las elecciones para Congreso en marzo de 2014, año en el cual se produjo fraude en el conteo de votos que privo de tres curules al movimiento MIRA, y se les entrego a integrantes del Centro Democrático, Partido Liberal y Opción Ciudadana, respectivamente. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia con radicación número: 11001-03-28-00-2014-00117-00 y consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ, declaró en febrero de 2018 la nulidad de la elección de los tres senadores de los partidos referidos y declaró la elección de los tres primeros candidatos inscritos en la lista del Movimiento MIRA. En la sentencia referenciada, el Consejo de Estado “conmina a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar”, ocho años después de esta orden judicial, no se ha cumplido aun por la entidad demandada, lo cual ha dado lugar a irregularidades subsiguientes.

Existen variadas formas de robarse una elección, desde la marcación de los formularios E-14, hasta la forma más fácil e indetectable que es a través del software, manifestó hace cinco años el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara. Para las elecciones de 2018 se presentaron irregularidades cometidas por jurados de votación, pero también por autoridades electorales y así lo informó el MOE: “Testigos electorales y autoridades electorales marcaban los votos en las tarjetas electorales, sin ser estos últimos adultos mayores o tener discapacidad física aparente. En algunas ocasiones marcaron el material electoral sobrante”.

En este año se registraron reclamos por parte de algunos participantes en elección para presidente, comenzando porque el censo electoral fue modificado arbitrariamente. El censo inicial se incremento en 885.500 cedulas, informo RTVC, y la instalación de 5300 mesas de votación que no estaban previstas agrego el informativo. Ante lo expuesto bien vale formularle al órgano electoral los siguientes interrogantes: ¿porque no se ha cumplido la orden judicial emanada del Consejo de Estado de contar con un software de propiedad estatal? ¿Cuál es el interés que mueve a los registradores de contratar el software de los hermanos Bautista (Thomas Greg) a pesar de lo manifestado por el Consejo de Estado? ¿Las autoridades electorales tienen o no la capacidad de controlar los procesos y garantizar la verdad de los resultados? ¿Cuál ha sido el proceder de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría frente a los hechos conocidos o denunciados como alteración de los formularios E-14 en la primera vuelta presidencial 2026?